La causa tiene más de 5.000 demandantes de varios países entre ellas 100 argentinas. Las mujeres reclaman una indemnización del estado francés del orden de los 3.000 euros para cada una.
El blanco de la acusación es Jean-Claude Mas, de 73 años, quien en 1991 creó la empresa PIP, que fabricaba esas prótesis y que llegó a facturar el 84% de sus ingresos fuera de Francia. Hoy, en la audiencia, se enfrentó por primera vez con las damnificadas. Mas ya pidió que se aplace el proceso, lo que será analizado por el Tribunal. Los abogados de sus cuatro colaboradores, acusados de ejecutar sus órdenes o de no impedir que se fabricasen los implantes, pidieron la anulación del proceso. Todos podrían ser condenados a una pena de hasta 5 años de prisión.
